Análisis de la ausencia de regulación expresa del uso legítimo de la fuerza por los funcionarios penitenciarios tras la reforma del artículo 80 y sus implicaciones jurídicas y profesionales.
El artículo, escrito por Javier Nistal Burón y publicado en Legal Today el 10 de noviembre de 2026, analiza la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, introducida por la Ley Orgánica 4/2026, que reconoce a los funcionarios penitenciarios la condición de agentes de la autoridad.
Esta reforma incorpora nuevas garantías y prerrogativas para el personal penitenciario, como la presunción de veracidad en los procedimientos disciplinarios, la protección de su identidad mediante el número de registro profesional, una mayor protección penal frente a las agresiones, el derecho a recibir indemnizaciones por daños sufridos en acto de servicio y medidas especiales de seguridad en caso de detención o ingreso en prisión.
Sin embargo, el autor destaca que la reforma no incluye expresamente una de las facultades más importantes de estos profesionales: el uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de sus funciones. Esta potestad ya se encuentra regulada en el artículo 45 de la Ley Penitenciaria y en el artículo 72 del Reglamento Penitenciario, que permiten utilizar medios coercitivos en situaciones excepcionales, como intentos de fuga, comportamientos violentos, riesgos para la integridad física de las personas o resistencia a las órdenes legítimas del personal penitenciario.
El artículo plantea que la ausencia de esta facultad en el artículo 80 podría justificarse porque ya está contemplada en otra disposición legal. No obstante, el autor considera que habría sido conveniente incorporarla expresamente al estatuto jurídico de los funcionarios penitenciarios, debido a su estrecha relación con la condición de agentes de la autoridad.
En conclusión, el artículo defiende que el reconocimiento expreso del uso legítimo de la fuerza dentro del artículo 80 habría contribuido a reforzar la seguridad jurídica, la protección profesional y el principio de autoridad de los funcionarios penitenciarios. La crítica no se centra en la inexistencia de esta potestad, sino en que no se haya incluido entre las prerrogativas reconocidas por la reciente reforma legislativa.




